De acuerdo con información de la página de Transparencia del Poder Legislativo de Nayarit (Fracción XXIII del Artículo 33, Obligaciones comunes) en el año 2021 se destinaron 17.6 millones de pesos en el rubro de comunicación social. Esto representa un aumento del 55% respecto del monto reportado para el 2018. En el 2021, a pesar del cambio de Legislatura, no se cuenta con una normatividad en materia de comunicación social, por lo que ésta se mantiene sin cambios y bastante lejos de los tres principios básicos de la 4T: austeridad, honestidad y combate a la corrupción.
• En el año 2021, en el Congreso local, se erogaron 17 millones, 597 mil 820 pesos, por concepto de contratación de servicios de difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. En todos ellos el procedimiento de contratación fue por adjudicación directa.
• El desglose por trimestres fue (millones de pesos): enero-marzo, 6.3; abril-junio, 3.4; julio-septiembre: 3.4; octubre-diciembre: 4.5.
• Del año 2018 al año 2021, hubo un incremento importante en el número de proveedores, los cuales pasaron de los 40 medios a más de 100.
• El gasto del año 2021 es 55% más alto que el reportado en el año 2018, es decir, el monto pasó de 11.4 millones a 17.6 millones de pesos.
• Durante este año, el 10% de los principales proveedores (12) acapararon el 50% del monto total facturado.
• No existe un instrumento normativo que asegure que la política de comunicación social del congreso -y por ende el gasto- cumpla con criterios de racionalidad, eficiencia honradez y transparencia, y respete topes presupuestales. Infortunadamente, a casi un año delcambio de siglas en la conformación del congreso, donde morena y sus aliados son mayoría, no hay
evidencia de un replanteamiento en los parámetros para la contratación de proveedores que pudiera garantizar la pluralidad y la equidad en la información. Frente a este escenario, legislar en materia de comunicación social aparece como parte fundamental de la solución. Y no se trata sólo de regular el gasto, oneroso como el que más (en mi escrito “Congreso de Nayarit, orgía del despilfarro”, doy cuenta de dichas cifras), sino que hablamos de todo el conjunto de principios, objetivos y criterios que deberían orientar toda la política de comunicación social en el Congreso y en el resto de la entidades públicas estatales. Tomando como base la Ley General de Comunicación Social, cito algunos elementos que podría contener una legislación local en la materia. Dicha ley, por ejemplo, deberá establecer con precisión los principios rectores y los objetivos de la comunicación social; de igual modo, tendría que exigir que todaslas contrataciones se apegaran a la legislación y normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que les sea aplicable. Forzaría, asimismo, a todas las entidades públicas a elaborar una Estrategia y un Programa de Comunicación Social Anual para su aprobación posterior por parte de las entidades administradoras. También delinearía los mecanismos de vigilancia y control de la comunicación social. Finalmente, contar con un padrón estatal de medios de comunicación sería benéfico para depurar el gremio, y a la vez, estar registrado en éste, tendría que ser un requisito para poder participar en la contratación de publicidad.
La otra opción es continuar en la indolencia y abulia legislativa, siguiendo pautas de comunicación social destinadas al narcisismo oficial cimentado en el aplauso acrítico de una prensa venal; o construyendo castillos políticos en el aire con cargo a las instituciones; o favoreciendo a un puñado de empresarios mediáticos sin escrúpulos, en detrimento de nuestro derecho a recibir información objetiva, plural, oportuna y completa; o desperdiciando espacios y tiempos oficiales en propaganda o contenidos que no aportan nada a laciudadanía (el caso del canal oficial 10 es deplorable); o manteniendo esa perversa relación prensa-poder basada en la política de la “zanahoria y el garrote”
Esta sí sería una iniciativa trascendente y acorde a la austeridad y combate a la corrupción que se pregona en la 4T, y no una ley más,de esas que se promueven por mero oportunismo o para nutrir “la egoteca” de representantes populares frívolos. Que se sepa.
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